Se debe a la denominada “presunción de veracidad” de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Municipal (en este caso).

Esa presunción de veracidad es un privilegio legal de la Administración Pública que consiste en considerar que las manifestaciones de determinados funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones son veraces y no requieren prueba. Frente a ella, los administrados (es decir, nosotros) son los que tienen que demostrar que lo que dicen los funcionarios públicos no se ajusta a la realidad.

Por lo tanto, si recibe una multa o sanción de tráfico en la que un Policía Municipal manifiesta que Ud. se ha saltado un semáforo o que ha aparcado en doble fila, le corresponderá a Ud. demostrar que eso no ha sido así. Y como suele resultar complicado (o imposible directamente) demostrar lo contrario a lo que dice la multa, en la mayor parte de las ocasiones las multas se confirman y las sanciones acabamos pagándolas.

Ese es el motivo, además, del éxito recaudatorio de Hacienda.

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